25 Abril 2025
En medio de la desconfianza generada por el Caso Convenios, un nuevo estudio de Sociedad en Acción advierte que los proyectos de ley para regular a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) podrían terminar asfixiándolas con burocracia, sin resolver los verdaderos problemas de fondo.
El informe, elaborado por el Centro de Políticas Públicas UC y presentado esta semana en el marco del proyecto Sociedad en Acción, analiza cuatro proyectos de ley que buscan mejorar la transparencia de fundaciones, corporaciones y otras OSC. Aunque reconocen la necesidad de avanzar en esta materia, el autor del estudio y abogado Santiago Orpis, advierte que gran parte de la información que se quiere exigir en las nuevas normativas, ya es entregada al Estado por las organizaciones, por lo que más que datos adicionales, se requiere una mejor gestión y disponibilidad de la información.
“Hoy las organizaciones deben reportar prácticamente los mismos datos en distintos registros y plataformas del Estado. Los proyectos de ley consideran la creación de nuevos portales, lo que significa mayor burocracia y costos de administración para las organizaciones y el Estado, y no necesariamente más transparencia”, explica el autor del estudio
¿Cuál es el riesgo?
Según el análisis realizado en el estudio, de aprobarse los diversos proyectos tal como están propuestos, aumentará la fragmentación de la información que tiene el Estado sobre las organizaciones de la sociedad civil. Esto podría dificultar el seguimiento del uso de los recursos públicos y la prevención de conflictos de interés, y aumentando el riesgo de contradicción e inconsistencia entre las distintas bases de datos públicas.
El estudio también advierte que las legislaciones propuestas no diferencian entre el tamaño de las fundaciones y su objetivo, lo que genera cargas desproporcionadas para aquellas organizaciones más pequeñas y con menos recursos, poniendo en riesgo el derecho de asociación.
¿Qué se propone?
Entre las propuestas clave del estudio se encuentra la creación de un Registro Único de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, que centralice la información que hoy tiene el Estado sobre las organizaciones de la sociedad civil, dispersa en múltiples registros, y reduzca la carga burocrática que enfrentan muchas de estas entidades, que deben entregar al Estado varias veces los mismos datos.
Se sugiere, además, aclarar y aumentar la información mínima exigida en los balances y memorias que las organizaciones deben reportar al Ministerio de Justicia, incluyendo aspectos como información sobre sus principales donantes, lo cual puede ser modificado vía reglamento, sin necesidad de discutir una ley, como se está haciendo actualmente. Por último, es importante también fortalecer el rol fiscalizador de este Ministerio, para que exista mayor control de la información que se está entregando, y establecer mecanismos ágiles de transparencia para organizaciones de la sociedad civil extranjeras que realicen actividades en el país
Tras el Caso Convenios, la relación entre el Estado y las OSC quedó bajo la lupa. Según datos del Centro de Políticas Públicas UC, un 60% de las organizaciones vio reducidos sus ingresos y un 30% tuvo que disminuir su cobertura o dejar de atender beneficiarios.
Por eso, los autores llaman a no perder de vista que estas organizaciones cumplen un rol social clave, y que el buen diseño de las leyes puede fortalecer la confianza, sin ahogar a quienes trabajan por el bien común.
“Para avanzar en transparencia necesitamos que exista inteligencia en la gestión de información. No es viable pensar que la coexistencia de múltiples registros, con información dispersa, pueda promover a que tengamos mejor información sobre las fundaciones y otras organizaciones de la sociedad civil”, indica Dominique Keim, coordinadora de Sociedad en Acción.
El proyecto Sociedad en Acción, desde 2015, promueve una mirada integral sobre el aporte y desafíos de las organizaciones de la sociedad civil en Chile.
