24 Junio 2025
Bajo la conducción de los primeros gobernadores electos, las regiones desplazaron recursos desde la inversión hacia transferencias, la ejecución nacional se desplomó al 77 % tras el Caso Convenios y los autores advierten que sin reglas fiscales estables la descentralización seguirá tropezando.
A cuatro años de la llegada de los primeros gobernadores regionales electos, el Centro de Políticas Públicas UC publicó el informe Ensayo y error: análisis presupuestario del primer período de gobernadores regionales electos, que retrata un ciclo presupuestario marcado por ajustes normativos permanentes y resultados dispares. “En este primer período analizamos solo el gasto público porque allí se ve con claridad cómo la normativa ha ido empujando a las regiones en direcciones distintas”, explica Jorge Rodríguez Cabello, coautor del estudio.
El documento Ensayo y error: análisis presupuestario del primer período de gobernadores regionales electos se presentó en un seminario realizado el jueves 19 de junio en el Centro de Extensión UC. Al evento, asistió el presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile, Pablo Silva, además de las senadoras Paulina Vodanovic y Ximena Rincón.
Menos inversión, más transferencias
Los datos muestran que la fracción destinada a iniciativas de inversión cayó de 58% en 2015 a 31% en 2023, mientras crecían las transferencias corrientes y de capital, sobre todo hacia privados y municipios. Ese desplazamiento cambió abruptamente en 2024, cuando el “Caso Convenios” endureció los controles y dejó más de un 22% del presupuesto sin ejecutar; la ejecución nacional cerró en 77%, el peor registro de la década. Rodríguez atribuye parte de ese traspié a la volatilidad regulatoria: “Ya llegó el minuto de parar la prueba y error y fijar normas permanentes; la incertidumbre anual termina distorsionando las decisiones regionales”.
La Ley de Presupuestos se reescribió cada año. En 2022 se simplificó todo en un programa único, lo que trabó las transferencias a organismos públicos; en 2023 se habilitó el devengo vía convenios, y en 2024 se impusieron nuevas barreras tras el escándalo de las fundaciones. Esa secuencia, dice Ignacio Irarrázaval, coautor del estudio y director del Centro, “ha creado incentivos para gastar a toda prisa en diciembre, algo que sacrifica la calidad y apunta más a cumplir la meta de ejecución que a una visión de desarrollo regional”.
Brechas territoriales en la ejecución
Las brechas territoriales son notorias: Los Lagos y Magallanes han sobre-ejecutado con regularidad, mientras Antofagasta y Atacama quedan rezagadas; además, las regiones que concentran el gasto en el último trimestre tienden a invertir menos en proyectos evaluados por el Sistema Nacional de Inversiones, señal de planificación débil. “Una mayor proporción de gasto en inversión —bien evaluada— es lo deseable para los gobiernos regionales”, insiste Irarrázaval, pero advierte que eso requiere reglas claras y capacidades técnicas que todavía son dispares entre territorios.
Para cerrar el ciclo de “ensayo y error”, el documento propone fijar reglas estables en la Ley 19.175, acotar la negociación con la Dipres al inicio del año fiscal, agilizar y reformar el SNI, autorizar un arrastre limitado de saldos de caja y fortalecer las contralorías regionales, combinando control con flexibilidad y transparencia. “Nuestro gran mensaje está en el título: quisiéramos que este ensayo [error] fuera terminando y pudiéramos pasar a régimen”, concluye Irarrázaval.
