10 Noviembre 2017
Año a año vemos por la prensa que aumentan los conflictos entre comunidades y empresas. Si bien la industria busca el desarrollo de proyectos y estos generan impactos en el crecimiento del país, hoy en día encontramos un gran número de proyectos paralizados por las comunidades que demandan mayor participación. Ante este escenario el diálogo no es una tarea fácil, ¿qué profesionales están calificados para intervenir y ayudar en estos procesos? ¿Qué avances respecto a institucionalidad, certificación y registro hay en el mundo al respecto?
La industria de recursos naturales es una de las principales en varios países latinoamericanos y sus avances han generado impactos significativos en el crecimiento económico de la región. La inversión extranjera, el desarrollo tecnológico y la creación de empleos son algunos de los incentivos que aportan al bienestar de la población.
El carácter estratégico de esta industria en crecimiento hace necesaria la consideración de los impactos socioambientales de sus intervenciones. Las comunidades cada vez más se hacen presentes en sus territorios en donde se han generado diversos conflictos socioambientales.
Nuestro país no ha quedado fuera de este fenómeno. Según el mapa de Conflictos Socioambientales desarrollado por el Instituto de Derechos Humanos, como en la última investigación presentada por el Consejo Nacional de Innovación para Desarrollo, los conflictos socioambientales en Chile se han multiplicado durante los últimos años, existiendo a la fecha 102 conflictos mapeados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, siendo aún más clara la magnitud de la cifra si la miramos en relación con otros países, ya que “Chile es uno de los países del mundo con más conflictos ambientales por habitante” (CNID, 2017).
Desde el 2000 a la fecha existe un fuerte protagonismo de las propias comunidades afectadas como voceras públicas en relación con los impactos de los conflictos, lo que demuestra que las capacidades de comunicar públicamente sus demandas y posiciones se han expandido de forma notable. Se suma a estos elementos las reclamaciones respecto de la legitimidad de las decisiones sustentadas en los procesos de participación ciudadana que están incorporados en la normativa actual para la aprobación de los proyectos de inversión, además de los vacíos en materia de ordenamiento territorial que se considera también representa un elemento que potencia la generación de conflictos en esta materia.
Asociado a la multiplicación de los conflictos y la búsqueda de modelos que nos permitan gestionarlos de tal modo de trabajar con las distintas partes involucradas en términos colaborativos se encuentran los métodos alternativos para la resolución de conflictos tales como la negociación, la facilitación, la mediación, la conciliación y el arbitraje entre los más conocidos a nivel internacional, procesos que en común obedecen a la búsqueda de acuerdos entre las partes en escenarios no judiciales, donde existe un protagonismo mayor de las partes en la búsqueda de una solución.
Varios países del mundo han desarrollado distintos mecanismos para tratar de asegurarse la calidad de los profesionales que estarán mediando en los conflictos. A continuación se detallan los principales avances internacionales en relación a la institucionalidad de procesos de diálogo en países como Suiza, Estados Unidos, España, Perú, Colombia y Australia.
A nivel nacional ha habido distintos avances del sector público para dar respuesta a la conflictividad medioambiental y avanzar en una institucionalidad de diálogo en el país, y si bien no responden a sistemas de certificación propiamente tal, entregan insumos de los elementos contextuales y los perfiles necesarios para procesos de diálogo en esta materia.
En cuanto a sistemas de certificación, es importante reconocer que en Chile no existen en la actualidad sistemas de certificación de profesionales vinculados a la gestión de conflictos socioambientales. Las instituciones asociadas a procesos de certificación de personas son de carácter general, en el marco de perfiles ocupacionales a nivel nacional o dentro de ciertas actividades económicas específicas. Más bien podemos encontrar experiencias de institucionalización del diálogo que entregan lineamientos o elementos mínimos respecto del perfil de los profesionales con el que trabaja o que se relacionan con organismos que cuentan con un registro de personas idóneas para el cargo.
Sin embargo, la calidad de estos profesionales es un aspecto clave para la exitosa resolución de los conflictos. En Chile, hasta la fecha, no se han definido estándares nacionales para los perfiles de facilitadores, mediadores ni de árbitros para la resolución de controversias y conflictos entre empresas, comunidades y Estado.
En cuanto a los perfiles con los cuales debiese operar el sistema, se consideran como claves el perfil del facilitador y del mediador en la medida que representan terceros imparciales que ayudarían a las partes en la búsqueda de un acuerdo o de una determinada solución. Se considera a ambos perfiles claves, ya que el primero estaría más vinculado con la experticia en el trabajo de grupos, mientras que el mediador se relaciona con la experticia en la búsqueda de soluciones. En este sentido, este podría abordar procesos más puntuales de resolución de conflictos, mientras que la facilitación puedo abordar procesos de diálogo más amplios.
La mediación se comprende como una negociación asistida por un tercero, que ayuda a las partes a que determinen sus intereses y a generar opciones, facilitando la comunicación. Corresponde a un proceso de resolución de controversias en que una tercera parte neutral, aprobada por todos los participantes, asiste a las partes en disputa para alcanzar un acuerdo aceptable para todos. El mediador no tiene autoridad para imponer un acuerdo solo asiste el proceso.
La facilitación por su parte consiste en la intervención llevada adelante por un tercero, que ayuda a un grupo para que tome decisiones o alcance sus objetivos, entre los que puede estar o no la prevención o resolución de controversias puntuales. Es un rol que va más allá de la resolución de conflictos y tiene por finalidad acompañar procesos de diálogo y supone la participación activa de los interesados, guiados por la figura del facilitador. El consenso no significa unanimidad, sino que es un esfuerzo de buena fe para satisfacer los intereses de todos los actores.
El perfil de los profesionales que ejerzan de mediador o de facilitador no está muy delimitado en nuestro país. El generar una institucionalidad presenta una oportunidad para crear estos perfiles y certificarlos, ya que considera que la evaluación y certificación tiene por objetivo reconocer formalmente las competencias laborales de las personas, independiente de la forma en que hayan sido adquiridas y de si tienen o no un título o grado académico. Junto a esto, busca favorecer las oportunidades de aprendizaje continuo, su reconocimiento y valorización. Para la creación de los perfiles, de acuerdo a ChileValora, se deben considerar tres componentes: conocimientos, conjunto de saberes necesarios para ejecutar una función; habilidades, capacidad para ejecutar una función y actitudes, disposición a la ejecución de una función.
Toda la información se extrajo del segundo informe enviado a Valor Minero en el marco de la Consultoría “Diseño de un Sistema de Certificación para el Proyecto de Innovación Institucional: Diálogo entre empresas, comunidades y Estado y gestión pública de grandes proyectos -institucionalidad de diálogo territorial-”.
La presente consultoría corresponde al Diseño del Sistema de Certificación, que tiene como objetivo diseñar, a través de un proceso participativo que involucre a los actores clave, un Sistema de Certificación que permita garantizar que las personas o profesionales de las empresas que participen como facilitadores, mediadores, árbitros o en otros roles en el Sistema de Diálogo Permanente, cuenten con los conocimientos, competencias y habilidades necesarias para desempeñar su rol en términos imparciales, transparentes, efectivos y de acuerdo a las mejores prácticas internacionales.
