21 Julio 2025
Un estudio del Centro de Políticas Públicas UC demuestra que la corrupción municipal no depende de la coyuntura política —si el alcalde es reelecto o composición del concejo—, sino de la arquitectura interna. El tamaño del municipio, sus recursos y la presencia de mujeres en cargos clave sí marcan la diferencia.
Raúl Torrealba gobernó Vitacura durante 25 años. Mientras la comuna se llenaba de corporaciones que ofrecían servicios de salud, cultura y deportes a sus vecinos, según la Fiscalía estas servían para mover fuera del presupuesto regular $761 millones en efectivo, hoy base de la acusación por fraude al fisco y lavado de activos. El caso del edil de la comuna más rica de Chile es quizás el más emblemático, pero está lejos de ser el único. 20 kilómetros al sur, Miguel Ángel Aguilera, alcalde de San Ramón entre 2012 y 2021, tampoco pudo explicar por qué su patrimonio personal creció en más de $268 millones. El juicio demostró depósitos en efectivo, autos y una casa comprada mientras controlaba sin contrapesos nóminas y contratos municipales.
Aunque las municipalidades son vistas como las instituciones más corruptas en Chile —según la Encuesta de Percepción de Corrupción de Libertad y Desarrollo—, este es un problema poco explorado y con escasa evidencia empírica. Un nuevo estudio del Centro de Políticas Públicas UC, titulado Corrupción municipal en Chile entre 2015 y 2022: contribuciones para abordar un problema urgente busca contribuir al conocimiento de los procesos y factores que inciden en la corrupción municipal para proponer mejoras en la política pública y la fiscalización. “Las debilidades administrativas a nivel local son graves”, advierte el informe, que vincula estas brechas con un mayor riesgo de infiltración del crimen organizado.
Principales hallazgos
El estudio de Martín Ordóñez y Pablo Carvacho, investigadores del Centro de Justicia y Sociedad UC, registró 33.573 hallazgos sancionables en las auditorías de la Contraloría —irregularidades funcionarias— y detectó, a partir de ChileCompra, más de 70 mil licitaciones con baja competencia.
Los resultados indican que la corrupción municipal en Chile obedece menos a coyunturas políticas y mucho más a factores estructurales: los años que un alcalde lleva en el cargo, el porcentaje de votos que obtuvo o la composición del concejo alteran poco el panorama. Lo decisivo es el tamaño de la burocracia, el volumen de recursos que gestiona la comuna y su perfil sociodemográfico.
“No pretendemos explicar la corrupción, sino entregarle a las autoridades un mapa que indique dónde buscarla. Por eso evitamos señalar municipios específicos: medimos factores de riesgo, no culpables. Cualquiera puede usar estos datos públicos para comparar comunas, pero el objetivo es orientar la toma de decisiones, no estigmatizar ni elaborar rankings que terminen siendo contraproducentes”, dice Martín Ordóñez.
Licitaciones “a medida”: el traje perfecto
En las municipalidades grandes y con holgura presupuestaria —donde confluyen altos ingresos propios, densidad poblacional y una burocracia extensa— prolifera un tipo específico de irregularidad: las licitaciones con baja competencia. El estudio detecta tres señales recurrentes: procesos con un único oferente, avisos publicados menos de cuatro días en Mercado Público o la combinación de ambas. Cuando la estructura administrativa se vuelve más compleja —es decir, con más funcionarios y departamentos— se abren más resquicios para amañar las bases. Paradójicamente, esa misma complejidad se convierte en una barrera si la capa directiva está ocupada por profesionales de la Alta Dirección Pública: cuanto mayor es su presencia, menor la probabilidad de licitaciones irregulares. En otras palabras, el tamaño expone al riesgo, pero la profesionalización de la cúspide puede neutralizarlo.
¿Cómo operan las “licitaciones a la medida”? El método, explica Ordóñez, es tan sencillo como efectivo: los términos de referencia se redactan con requisitos imposibles de cumplir, salvo para la empresa elegida. “Si necesitan cámaras de seguridad, por ejemplo, incluyen una exigencia tan específica como un ángulo de giro entre 47° y 49°. Con ese requisito, todos los demás quedan automáticamente fuera”, dice el investigador.
Faltas funcionarias graves: la otra cara de la moneda
Mientras las comunas ricas concentran desvíos ligados a grandes contratos, el otro lado de esa realidad se encuentra en las comunas rurales, con presupuestos débiles, menos funcionarios y menor representación femenina en puestos de decisión. Allí las faltas funcionarias graves —desde pagos improcedentes hasta desórdenes contables— se disparan precisamente porque los controles son escasos y la profesionalización mínima. “Hay contextos donde la precariedad institucional es tan alta que las faltas pueden deberse tanto a malas prácticas como a desconocimiento”, dice Ordóñez.
El informe —que fue presentado en un seminario el viernes 18 de julio ante Nicolas Facuse, subsecretario General de la Presidencia; Sandra Estay, jefa de la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de la Contraloría General de la República; y Catalina San Martin, alcaldesa de Las Condes— traza una ruta de acción urgente: exige una transparencia radical que obligue a publicar bases, contratos y adjudicaciones en formatos abiertos y auditables; propone fortalecer la planificación mediante convenios marco capaces de frustrar los “trajes a la medida” y elevar la competencia; instaura la obligatoriedad de declaraciones de intereses y de restricciones explícitas para familiares de autoridades en cualquier proceso de compra; y, finalmente, reclama dotar de autonomía financiera y programas de capacitación a los municipios con menores recursos, donde las faltas administrativas hoy se disparan.
Miradas desde el Ejecutivo, la Contraloría y los municipios
Sandra Estay, jefa de la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de la Contraloría, subrayó que las falencias detectadas “reafirman la necesidad de avanzar en medidas que fortalezcan nuestra capacidad fiscalizadora y sancionatoria”. A su juicio, la principal traba sigue siendo la “falta de control efectivo sobre las corporaciones municipales”, entidades privadas que manejan fondos públicos sin la misma supervisión que los municipios. Por eso manifestó la necesidad de reformas legales que permitan a la Contraloría auditar esas corporaciones “con la misma rigurosidad con que revisamos a los gobiernos locales” y enfatizó la urgencia de “profesionalizar el personal municipal, sobre todo en comunas extremas donde nadie quiere ir a trabajar”.
Por su parte, la alcaldesa Catalina San Martín compartió la experiencia de Las Condes, donde recibió cuatro informes finales de Contraloría durante sus primeros meses en el cargo. “Los informes golpean fuerte, porque te muestran las debilidades”, reconoció, pero los asumió como oportunidad: su gestión priorizó manuales de procedimiento, inventarios actualizados y plataformas de transparencia descargables. “Donde hay desorden aflora la falta administrativa; ordenar es la primera barrera contra la corrupción”, afirmó, y advirtió que la ignorancia normativa de muchos funcionarios “puede ser tan peligrosa como la mala fe”.
El subsecretario Nicolás Facuse valoró que los hallazgos empalmen con la agenda legislativa sobre integridad pública. Recordó que la nueva Ley 21.634 de Compras Públicas —aprobada en diciembre de 2023— introduce prohibiciones de trato directo, declara beneficiarios finales y amplía las declaraciones de intereses. “Lanzo un desafío a los autores: hacer una segunda parte del estudio para medir si la ley aplaca estos problemas”, propuso. También destacó el proyecto de Integridad Municipal en segundo trámite en el Senado y la capacitación ética que el Ejecutivo realiza con treinta y seis municipios: “No se trata solo de sancionar, sino de dotar a los funcionarios de herramientas y devolverles el sentido de servicio público”.
