26 Abril 2021
El pasado martes 20 de abril se desarrolló un seminario virtual para presentar las conclusiones del documento “Contribuciones a la discusión constitucional: protección del medio ambiente”, que nació a raíz de una mesa interdisciplinaria de académicos y expertos en el área, convocada por el Centro de Políticas Públicas UC.
Con el objetivo de identificar los temas que debieran estar presentes en la discusión constitucional sobre el medio ambiente y plantear un marco general para abordarlos; el Centro de Políticas Públicas UC convocó a un grupo de académicos UC, y otros expertos, conformado por Guillermo Donoso, de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal UC y el Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC; Ricardo Irarrázabal, de la Facultad de Derecho UC; Francisca Reyes, del Instituto de Ciencia Política UC; Daniela Rivera, de la Facultad de Derecho UC y el Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC; Patricio Walker, de LLM UC y VGC Abogados; José Antonio Viera-Gallo, investigador asociado del Centro de Políticas Públicas UC; y Jorge Femenías, de la Facultad de Derecho UC.
El trabajo de esa mesa de discusión está plasmado en el documento Contribuciones a la discusión constitucional: protección del medio ambiente, y fue presentado en un seminario virtual realizado el martes 20 de abril, vía Zoom.
Jorge Femenías, quien fue el encargado de exhibir las conclusiones de este documento, recalcó la importancia del espacio y agradeció a quienes organizaron la instancia. ”Quiero hacer un reconocimiento al Centro de Políticas Públicas porque juntó un equipo que no necesariamente tenía un pensamiento símil, y le ofreció un espacio sincero, de amistad intelectual, donde podíamos poner nuestros puntos de vista y compartirlos, e incluso en ocasiones reflexionarlos y cambiar”, dijo el académico de Derecho UC.
Las propuestas de la mesa de trabajo están recogidas en cuatro dimensiones. En primer lugar, respecto a las bases de la institucionalidad, se plantea incluir en el capítulo I de la Constitución un deber general del Estado con el cuidado del medio ambiente, incorporando el concepto de desarrollo sostenible como principio rector, como también, agregando las responsabilidades de la ciudadanía y su derecho a la información en materias ambientales.
Por otra parte, con respecto a la garantía del artículo 19 Nº 8, la cual asegura el derecho a vivir en un “medio ambiente libre de contaminación”, se recomienda mantener su redacción de manera de evitar inconsistencias y contradicciones en el ordenamiento jurídico.
Para complementar en los deberes del Estado con el medioambiente, una tercera propuesta apunta a que el uso racional de los recursos naturales quede explicitado como elemento clave dentro del principio de desarrollo sostenible. Sobre el agua, se establece que debiera reconocerse el derecho a su uso personal y doméstico, y que quede reconocido como un bien nacional de uso público, delegando la regulación de su uso, gestión y conservación al legislador.
Por último, los autores plantean que el recurso de protección ambiental se mantenga en cuanto la invocación del derecho sea vinculado a la persona, y que exista una situación que esté afectando el ambiente donde vive.
Los encargados de comentar las propuestas en el seminario fueron Camila Boettiger, directora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la UDD; y Marcelo Mena, exministro del Medio Ambiente.
Respecto a los principios que debieran plasmarse en la Constitución sobre esta materia, Boettiger enfatizó en que debiera agregarse el de la no regresión, de manera que no se retroceda en protección ambiental; el de la participación ciudadana, para que las personas sean parte y se responsabilicen sobre el medio ambiente; y el de cooperación, pues nos enfrentamos a una situación que solo puede solucionarse con iniciativas intersectoriales. “Nuestra crisis ambiental actual, sobre todo con el cambio climático, requiere una acción conjunta y cooperativa”, aclaró.
Por su parte, el ex ministro de Medio Ambiente, comentó sobre el decálogo del constituyente verde, una iniciativa desarrollada por académicos y ex autoridades en la materia, para levantar ciertas temáticas a debatirse en la Constitución. Además, ratificó la importancia de centrarse en los ecosistemas como un todo interconectado y que debe protegerse, y en la necesidad de detenerse a mirar ciertas posturas que la misma ciudadanía ha manifestado en el último tiempo. ”Si uno mira dónde sacó mayor voto el Apruebo, fue en las comunas que son zonas de sacrificio y, por tanto, la democracia ambiental y los principios consagrados en el Acuerdo de Escazú son esenciales para una democracia más legítima”, concluyó Mena.
